La relatora de la ONU sobre libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, expresó este jueves preocupación por el impacto del proyecto de Ley de Transparencia Social en Ecuador, remitido por el mandatario Daniel Noboa.

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La normativa busca regular el financiamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG). Según la relatora, el texto genera un efecto estigmatizante en la libertad de asociación. La propuesta se encuentra en trámite en la Asamblea Nacional.

Conocido como Ley de Fundaciones, el proyecto superó el primer debate en el Parlamento el martes. Su objetivo es establecer un marco jurídico para prevenir supuestos flujos irregulares de capitales.

Las ONG, fundaciones y entidades sin fines de lucro, nacionales y extranjeras, son el foco principal. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria controlará su cumplimiento.

Romero señaló que el proyecto carece de estudios técnicos que justifiquen su urgencia. «No se demuestra una situación apremiante», afirmó en entrevista con Radio Armónica. La relatora criticó las afirmaciones hipotéticas que sustentan la propuesta y advirtió que puede limitar derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La iniciativa considera infracciones el desvío de recursos económicos y el incumplimiento de normas contables, a la vez que sanciona la obstaculización de labores de control. Estas disposiciones, según Romero, afectan la libertad de asociación. La experta destacó la necesidad de alinear la normativa con estándares internacionales de derechos humanos.

El proyecto retornó a la Comisión de Desarrollo Económico para preparar el informe de segundo debate. Este será discutido y votado en el pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta es la cuarta iniciativa económica urgente enviada por Noboa. El trámite legislativo continúa bajo escrutinio.

Romero reconoció la importancia de combatir el crimen organizado y los flujos irregulares de capital. Sin embargo, insistió en que las medidas no deben vulnerar derechos fundamentales. «Seguridad y transparencia, pero no a costa de las libertades», declaró.

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